El secretario general de Medio Ambiente, Juan Luis Muriel, manifestó hoy ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso que el texto se someterá a "un amplio proceso de participación con todos los secores afectados", para lograr el mayor consenso posible.

La ley que prepara el ministerio introduce un régimen sancionador inexistente en la legislación actual, basado en un real decreto de 1986.

El borrador distingue entre infracciones leves, que sanciona con multas de hasta 100.000 pesetas; graves, de 100.000 a 5 millones, y muy graves, de 5 a 200 millones de pesetas.

La portavoz del PSOE, Cristina Narbona, consideró insuficiente la cuantía de las multas, afirmación con la que coincidió Murel, quien, sin embargo, destacó las dificultades que entraña aumentarlas para no poner en peligro el consenso entre las distintas administraciones públicas.

El texto traspone la directiva europea de 1997, que impone la necesidad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental a 9 tipos distintos de infraestructuras.

Muriel indicó que el anteproyecto que prepara el ministerio eleva este número a más de 20, a los que hay que añadir otro número importante de proyectos que deberán someterse a evaluacón cuando así lo decida el órgano ambiental competente.

Respecto a la polémica surgida el pasado mes de enero tras conocerse un documento interno del secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, que criticaba los procesos de evaluación de impacto, Muriel reconoció su existencia, aunque indicó que se tratan de diferencias "normales" en cualquier organismo.

Desde 1986, año en el que se tipificó en España la Evaluación de Impacto Ambiental, se han realizado 654, de las cuales 306 ya se han resuelt, de ellas 70 desde septiembre 1996.