Según informó Inclusión, en cuanto a las bajas laborales, se abordó la traslación de la sentencia del Tribunal Constitucional que propone ampliar el permiso de nacimiento de las familias monoparentales en 10 semanas adicionales a las 16 que ya se disfrutan, para garantizar la protección del menor.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presidió la segunda reunión del consejo, a la que también asistieron la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta sesión se recabaron propuestas para avanzar en mejores protocolos para la detección y tratamiento de estas situaciones. España ya desarrolló protocolos específicos como el del Aeropuerto de Barajas y el del Creade, que son “muy novedosos”. Entre otras medidas, se habilitaron 300 plazas de acogida especializadas para víctimas de trata y se formó a más de 500 profesionales en este ámbito entre 2022 y 2024, según explicó Saiz.

El Consejo trató la problemática de las mujeres migrantes también en cuanto a sus dificultades específicas de integración. Estas mujeres se enfrentan una “discriminación múltiple”, derivada de factores como su género, nacionalidad, raza, religión, situación administrativa irregular, barreras culturales y lingüísticas, o la falta de redes de apoyo, según expuso la ministra.

En ese sentido, recodó que el Informe sobre el Impacto Económico de la Discriminación de los Extranjeros en el Producto Interior Bruto (PIB) que presentó recientemente el Observatorio del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), destaca la especial discriminación laboral de las mujeres, tanto en lo referido a tasa de empleo como cualificación y brecha salarial.

Este informe cuantifica el impacto de la discriminación laboral y educativa de las personas extranjeras en España en 17.000 millones de euros, de los cuáles 12.300 millones son producto de la discriminación laboral exclusivamente. También, el análisis hace referencia a que las mujeres extranjeras tienen 2,3 puntos porcentuales menos de probabilidad de participación laboral.

OTRAS CUESTIONES

El consejo también planteó la necesidad de abordar la incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, desde una perspectiva de género y la reincorporación gradual al trabajo después de bajas de larga duración. Esta propuesta responde a una “necesidad real” planteada por organizaciones sociales, pacientes y colectivos. Además, otros países del entorno español tienen figuras similares.

Es “crucial” abordar este debate desde una perspectiva de género, ya que las mujeres, a menudo encargadas de dobles jornadas laborales y del cuidado en el hogar, “enfrentan mayores barreras en los procesos de recuperación y reincorporación laboral”. Asimismo, garantizar un sistema de Incapacidad Temporal flexible y adaptado permitirá avanzar hacia la “igualdad real y cuidar a quienes más lo necesitan”, aseguró la ministra.

Finalmente, el Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio analizó la prestación de nacimiento de las familias monoparentales para garantizar la protección del menor. Las leyes “tienen que avanzar en justicia social” y, por eso, era “importante llevar esta cuestión al consejo”, concluyó Saiz.