El estudio, que presentó este viernes en León el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, analizó 26 juguetes inteligentes con capacidad de manejar datos del usuario, grabar vídeo o audio, conexión Bluetooth o Wi-Fi o aplicación móvil para el manejo del dispositivo, de los cuales el 57,69% ha obtenido una valoración favorable, un 23,08 desfavorable y un 19,23% una valoración inconcluyente.

De los dispositivos que han obtenido una valoración negativa, el Incibe aseguró que no cumplen con los requisitos mínimos de ciberseguridad. Asimismo, señaló que suponen un riesgo directo para los usuarios finales y el ecosistema conectado y que podrían convertirse en puntos de entrada para ciberataques.

"Con este informe, España refuerza su liderazgo en la implementación de la Ley de Ciberresiliencia, no solo cumpliendo con los estándares europeos, sino adelantándonos a sus exigencias. Los juguetes conectados son una muestra de cómo la tecnología puede ser aliada del ocio y el aprendizaje, siempre que se utilicen de forma segura", señaló Óscar López, quien indicó que el esfuerzo conjunto con fabricantes y consumidores es "fundamental" para proteger especialmente a los más vulnerables.

Durante la presentación, en la que se realizó una demostración en directo para ilustrar cómo un atacante podría comprometer un coche de juguete teledirigido y utilizarlo como puente para acceder a otros dispositivos en la red doméstica, se explicó que se han evaluado ocho áreas clave, dividiendo los juguetes según sus tecnologías de conexión y superficies de exposición: análisis de vulnerabilidades y capacidades de actualización para su remediación, examen de las aplicaciones móviles y/o de escritorio necesarias para las funcionalidades del juguete, análisis de fortaleza frente a ataques comunes, y análisis de la seguridad de conexiones físicas e inalámbricas.

Por último, el Incibe realizó una serie de sugerencias para familias y fabricantes con el fin de reforzar la ciberseguridad y la confianza digital, alineadas con la Ley Europea de Ciberresiliencia (CRA)