La tasa deberá ser pagada por los titulares de montes y explotaciones forestales que requieran los servicios de extinción, o cualquiera que solicite su intervención.

El anteproyecto, que previsiblemente se convrtirá en ley a finales de año, prevé exenciones fiscales para las corporaciones locales y los propietarios de montes o explotaciones forestales que colaboren en la adopción de medidas preventivas, entre ellas la liempieza de matorral y la apertura de cortafuegos.

Además, contempla la concesión de ayudas para aquellos propietarios que ponan en marcha otro tipo de iniciativas destinadas a facilitar el control de hipóteticos incendios.

José Luis Blanco dijo que la ley no pretende financiar dispositios contra incendios, sino que intenta convertirse en un mecanismo disuasorio para incentivar la prevención.

Respecto a las sánciones, el texto legal contiene trece tipos de clasificadas en función de la gravedad de la infracción, y contempla multas que oscilan entre las 10.000 pesetas y los 50 millones de pesetas. Asimismo, el infractor estará obligado a reparar los daños ocasionados.

La pérdida total de cubierta vegetal a consecuencia de un incendio forestal no alterará la calificación jurídica e esas hectareas como monte o terreno forestal, según advirtió Blanco.