La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil, que informó, a través de un comunicado, de que sus actuaciones se han desarrollado en 29 provincias españolas y han permitido detectar un fraude en el que se han podido ver afectadas más de 350 personas.

La compañía a la que pertenecen los empleados imputados comercializaba los productos de telefonía de una importante empresa del sector. El presunto fraude consistía en obtener ingresos extraordinarios falsificando firmas de usuarios o engañándoles para tramitar sus solicitudes de cambio de operador.

Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a raíz del importante número de reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores por personas que se habían visto afectadas por estos hechos.

Paralelamente, se presentó una denuncia ante el juzgado de guardia de Barcelona contra la compañía de telefonía que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.

PERSONAS JUBILADAS

Al tener conocimiento de esta denuncia, la empresa suministradora del servicio interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del Juzgado un total de 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre los años 2003 y 2004, que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.

Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron determinar que la mayor parte de los afectados eran personas de avanzada edad y que, al menos 352 de los 851 contratos analizados, son irregulares.

De los contratos irregulares analizados, 166 habían sido formalizados mediante firmas falsificadas y otros 186 se tramitaron después de engañar a los usuarios que accedían a firmarlos.

Los empleados imputados captaban a los clientes y les solicitaba alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato, con el objetivo de disponer de los datos necesarios para realizar el cambio de operadora.

Seguidamente, en unos casos falsificaban las firmas de las víctimas y en otros las convencían para que firmaran bajo el pretexto de que no tendría trascendencia alguna en su facturación, ya que únicamente era a efectos de divulgación comercial. Los empleados imputados actuaban individualmente y aumentaban sus retribuciones en función de los contratos que conseguían.

Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Baleares, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante, Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.