Aunque Inverco admite que no tiene constancia de que el Gobierno vaya a aplicar un impuesto del 0,15% sobre los patrimonios que gestionan las sociedades de inversión colectiva y fondos de pensiones, sí advierte que se trata de una medida "absolutamente excluible", porque no existe ningún precedente de este tipo en otros países y las gestores ya tributan al 35% en el Impuesto de Sociedades.

Inverco ha recibido con satisfacción el anuncio del ministr de Economía, Rodrigo Rato, de no modificar la fiscalidad de los fondos de inversión, ya que son seis millones de partícipes los que financian con sus ahorros casi el 50% de la deuda pública.

Desde la asociación se señala que un impuesto como el apuntado en algunos medios de comunicación no gravaría los beneficios, sino el volumen gestionado, y "sería discriminatorio y en muchos casos confiscatorio, porque su importe superaría en muchos casos los beneficios de las sociedades gestoras, por lo que podrí ser tachado incluso de inconstitucional".

Según Inverco, de los 72.000 millones de pesetas que obtuvieron de beneficio bruto las sociedades gestoras de fondos en 1996, 21.400 millones se destinaron a impuestos. De haber existido un nuevo tributo como el ahora planteado, esa cantidad se habría incrementado en otros 25.000 millones de pesetas.

Las gestoras de fondos también recuerdan su eficiencia y competitividad respecto a estas entidades en otros países europeos, ya que su comisión media fue enel 96 del 1,3% de los 18 billones que gestionaron, cuando la ley les autoriza a situarla en el 2,5% para los FIM y en el 1,5% para los FIAMM.

Igualmente, señalan que casi no existen las comisiones por suscripción y reembolso, permitidas por la legislación española hasta un 5% del importe de la operación y que sí se aplican en los demás países.

Las gestoras creen que "no parece que el Gobierno pueda contemplar seriamente esta hipótesis, tanto más cuando la recaudación en 1998 por incrementos de parimonio va a aumentar sustancialmente por el nuevo régimen establecido en 1996, que obliga a tributar siempre, cualquiera que sea la inversión y el plazo, aunque sea al tipo reducido del 20%".

En este sentido, apunta que la recaudación por incrementos de patrimonio estará en 1998 entre los 250.000 y los 300.000 millones de pesetas como mínimo, frente a los casi 60.000 que se ingresaron en 1994.