Por ello, al tratarse de un tributo estatal, según explica, "debe ser el propio Estado quien inicie el proceso regulador y no que las Comunidades decidan sobre un impuesto que no les pertenezca. De lo contrario, nos encontraríamos con la aplicación desigual de un mismo impuesto en todo el territorio nacional".

Múgica recuerda que las herencias no tributan ya en el País Vasco y Navarra, y que las comunidades limítrofes, como Rioja y Cantabria, han tenido que reducir también este ipuesto para evitar la "deslocalización de la riqueza" que podría generarse con estas medidas.

Por todo ello, el Defensor del Pueblo insiste en que "distintas razones" le han impulsado a pedir la supresión del impuesto en las herencias directas, entre las que destaca que el Impuesto de Sucesiones ya sólo lo pagan quienes reciben patrimonios medios o bajos y que no disponen "de los recursos necesarios que les permita crear la estructura empresarial para eludir el gravamen".

Además, Múgica cita comomotivos para la supresión la necesidad de "evitar desigualdades" entre españoles, la escasa recaudación del Impuesto y, en definitiva, que se trata de un modelo fiscal que "no cumple los principios de igualdad, progresividad y confiscatoriedad" que establece la Constitución para los impuestos.