Esa cifra aparece recogida en un nuevo análisis de Greenpeace y Stamp out Poverty, dado a conocer este lunes coincidiendo con la segunda y decisiva semana de la Cumbre del Clima de Bakú (Azerbaiyán), conocida como COP29.

Ese impuesto aumentaría ese fondo en más de un 2.000% y solo el primer año cubriría más de 21 veces la cantidad prometida actualmente para ese mecanismo financiero (702 millones de dólares).

Greenpeace y Stamp out Poverty piden un impuesto a largo plazo sobre la extracción de combustibles fósiles combinado con impuestos sobre los beneficios excedentes y otros gravámenes.

“Mientras que los gigantes del petróleo y el gas siguen acumulando niveles grotescos de ganancias por la explotación de los recursos, los daños resultantes de las operaciones de la industria recaen desproporcionadamente sobre personas que no provocaron la crisis”, según David Hillman, director de Stamp Out Poverty.

Hillmann añadió: “Un impuesto por daños climáticos, junto con otros gravámenes sobre los combustibles fósiles y los sectores con altas emisiones, hará que los contaminadores paguen el coste de los impactos climáticos, además de apoyar a los trabajadores y las comunidades afectadas en la transición hacia energías limpias, empleos y transporte”.

CASI 65.000 MILLONES

Las organizaciones destacan los costes financieros de algunos de los peores fenómenos meteorológicos de este año que se han atribuido al cambio climático. Entre ellos se incluyen el huracán Beryl, el huracán Helene, las olas de calor en la India en mayo, el tifón Carina/Gaemi, las inundaciones en Brasil en mayo y las inundaciones en Kenia y Tanzania en abril.

El análisis concluye que estos fenómenos meteorológicos extremos por sí solos costaron 64.600 millones de dólares, que van desde 2.900 millones (el tifón Carina) hasta 25.000 millones (las olas de calor en la India).

Estos costes, que son una fracción del daño total causado por el clima extremo en el mundo, ilustran la escala del daño causado por las compañías energéticas.

El análisis también muestra el potencial para aumentar los ingresos mediante la imposición de un impuesto a los daños climáticos a partir del primer año con cinco dólares por tonelada de CO2 equivalente emitida por el petróleo y el gas que extraen las compañías.

En conjunto, las siete compañías de petróleo y gas que aparecen en el informe (ExxonMobil, Shell, Chevron, TotalEnergies, BP, Equinor y ENI) ganaron casi 150.000 millones de dólares el año pasado.

Aumentar la tasa impositiva del impuesto en cinco dólares por tonelada por año más la inflación generaría cientos de miles de millones de dólares para el final de esta década, según el análisis.

“¿QUIÉN DEBERÍA PAGAR?”

Un impuesto sobre daños climáticos aplicado en los países ricos de la OCDE podría desempeñar un papel esencial en la financiación de la acción climática. Con un aumento anual de cinco dólares por tonelada de CO2 equivalente en función de los volúmenes de petróleo y gas extraídos, el impuesto podría recaudar unos 900.000 millones de dólares para 2030 en apoyo a los gobiernos y comunidades que afrontan los crecientes impactos climáticos, en particular los más pobres y vulnerables.

“¿Quién debería pagar? Se trata fundamentalmente de una cuestión de justicia climática y es hora de trasladar la carga financiera de la crisis climática de las víctimas a los contaminadores que la provocan”, indicó Abdoulaye Diallo, codirector de la campaña Stop Drilling Start Paying de Greenpeace Internacional.

Diallo subrayó: “Nuestro análisis pone de manifiesto la magnitud del desafío que plantean las pérdidas y los daños climáticos, y la urgente necesidad de encontrar soluciones innovadoras para recaudar los fondos necesarios para afrontarlo. Hacemos un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que adopten el impuesto sobre los daños climáticos y otros mecanismos para extraer ingresos de la industria del petróleo y el gas”.

Este llamamiento se produjo después de dos semanas de protestas en las que se entregaron en las oficinas de TotalEnergies, Eni, Equinor y OMV contenedores con juguetes rotos, muebles, electrodomésticos y otros restos de tragedias personales y comunitarias, enviados desde zonas de todo el mundo afectadas por inundaciones y tormentas por la red Greenpeace.

Esas protestas de Greenpeace y de los supervivientes de fenómenos meteorológicos extremos tuvieron lugar en Austria, Bélgica, España, Francia, Italia, Noruega, Filipinas, Rumanía y Sudáfrica.