Este nuevo "impuesto" financiará parte del coste de los servicios de prevención y xtinción de incendios, aunque según las previsiones del Gobierno catalán la cuota global de esta contribución será del 90% de las cantidades que se dedican anualmente en los presupuestos de la Generalitat a los gastos de material y terrenos.

Según el proyecto de ley, la contribución de las aseguradoras se justifica por la mejora de los servicios de extinción y prevención de incendios, que aportará a estas compañías importantes beneficios, puesto que se reducirá el coste de los siniestros que cubren la pólizas de seguro.

El presupuesto de la Generalitat cubrirá la financiación de los servicios, pero no en su totalidad, puesto que, aparte de las aportaciones de las aseguradoras, también se prevén aportaciones voluntarias y obligatorias de las diputaciones provinciales y de los municipios, así como las contribuciones y tasas.

La base imponible de la contribución especial se determinará en función del coste total de las obras o los gastos que comporten la prestación de los servicios contra incencos que la Generalitat establezca.

En la actualidad, la aportación de las compañías de seguros se sitúa en unos 600 millones de pesetas, que se cobran a través de los municipios. Esta cantidad será superada en cuanto entre en vigor la nueva ley de funcionamiento del cuerpo de bomberos.

La nueva ley contempla también la obligación del ciudadano de colaborar con los bomberos para la extinción de incencios, una colaboración -personal y material- que no recibirá ningún tipo de indemnización.

En e momento en que el Parlamento catalán apruebe esta ley, Cataluña será la primera comunidad autónoma que contará con una ley que regule el funcionamiento de los bomberos. Sin embargo, llega con dos años de retraso y deberá esperar todavía a que se apruebe el Estatuto del Bombero, que podría incluir diferencias con las normativas del resto de España.