Durante la primera fase de instrucción, Bueren citó a los presuntos implicados en condición de testigos, lo que motivó que la Audiencia Nacional tuviera que revocar el auto de apertura de lavista oral en 1990, porque éstos fueron interrogados durante el proceso sumarial sin que sus respectivos abogados se encontraran presentes.

Manuel Hernández Bolaños, que fue director del Laboratorio Central de Aduanas, y Antonio Bardón, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, se personaron hoy ante el juez para repetir su testimonio anterior.

Hernández Bolaños reconoció ante Bueren que elaboró un informe concreto en el que autorizó a Laboratorios Caucho S.A. a comercializar ceite desnaturalizado con anilinas para la fabricación de gomas de borrar y suelas de zapatos.

Según su abogado, José Lozano Miralles, de este hecho no puede desprenderse ninguna responsabilidad del procesado en el envenenamiento masivo.

Sin embargo, las acusaciones particulares, que son las únicas que mantienen cargos contra los dirigentes de la UCD, ya que el fiscal pidió el sobreseimieto de la causa por no apreciar delito alguno, su culpabilidad estriba en que en el informe no advirtió que la tilización del aceite no podía desviarse al consumo alimenticio.

"Desde el momento en que reconoce la toxicidad de la anilinas y teniendo en cuenta que ese informe concreto sirve de referencia para todas las empresas que quieran desnaturalizar aceite con anilinas, debería haber advertido de la toxicidad de las mismas para el consumo humano", comentó la letrada Doris Benegas, que representa a miles de afectados de Valladolid.

En el interrogatorio también estuvieron presentes el abogado Antonio Garía Pablos y el representante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ignacio Uriarte.

Los acusadores están interesados en que se esclarezca a fondo la posible responsabilidad de los altos cargos, ya que de ser encontrados culpables el Estado tendrá que hacer frente, como responsable civil subsidiario, al pago de los más de 500.000 millones de pesetas de indemnización que decretó la sentencia que condenó a 13 empresarios por comercializar el aceite adulterado.

Por su parte, Antonio Barón, que en la actualidad es subdirector general de Calidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, declinó cualquier responsabilidad del gabinete, porque "ni éste ni el servicio del que era responsable entonces tenían competencias sanitarias respecto a los aceites".

Según su abogado, Luis Rodríguez Ramos, Badrón acreditó ante el juez que sólo intervino en las inspecciones realizadas a Oleícola Toledana (una de las empresas que compraron aceite de colza) y "se incoaron expedientes sancionadoresque en su día se resolvieron con las multas correspondientes".

Mañana están citados a declarar Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid, y Roberto Conty Larraz, subdirector de Higiene de los Alimentos.

En días sucesivos comparecerán Casimiro Palacios, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid); Francisco Mayo, concejal de Abastos del mismo municipio, y José Guilló, director general de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Tansportes.