El secretario general de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Javier Elorza, y el director general de Política Interior del Ministerio del Interior, Adolfo Hernández, comparecieron hoy ante la subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia una posible reforma del régimen electoral.

El objetivo último de esa reforma sería implantar el voto en urna de los electores incluidos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), en la línea de lo previsto en una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia con el respaldo del PSOE, PP y Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Los partidos que respaldaron esa propuesta pretenden que la reforma esté aprobada para las elecciones gallegas, previstas para marzo, o como muy tarde para las europeas de junio, pero la proposición contempla que ese voto en urna se extienda a las generales al Congreso de los Diputados y al Senado.

Las comparecencias se celebraron a puerta cerrada y se centraron en un análisis técnico de las reformas legislativas, los costes y las repercusiones que tendría la implantación de ese voto en urna.

Según Elorza, esa implantación requeriría reformas "muy profundas" de varias leyes, alguna de ellas orgánica, como la del Régimen Electoral General (LOREG), pero también modificaciones de otras normas y la puesta en marcha de toda una estructura que en la actualidad no existe.

Explicó, por ejemplo, que habría que habilitar a los consulados para hacer las labores que actualmente hacen el Ministerio del Interior, las juntas electorales de zona y los notarios. Se trata de toda una administración electoral con competencias variadas en cada caso y que no existe en el exterior.

Es "muy complejo", aseguró, y prueba de ello es que ningún país con las características de España tiene habilitado el voto en urna de sus emigrantes.

104 URNAS EN CADA MESA

Son apenas una decena de países, y en casi todos los casos para elecciones presidenciales, en las que sólo se vota a un candidato al margen de la circunscripción a la que esté vinculado el elector, o países con circunscripción única.

Argentina es el único país con múltiples circunscripciones y con voto en urna para sus emigrantes en las elecciones legislativas, pero Elorza subrayó que este país tiene 22 regiones y una población en el exterior de apenas 44.000 personas.

En el caso de España, la población en el exterior es superior a 1,2 millones de personas y más de ciencircunscripciones entre el Congreso y el Senado, por lo que esa opción es especialmente compleja.

En este sentido, Hernández subrayó la complejidad que supondría instalar esa cantidad de urnas, 52 para el Congreso y otras 52 para el Senado, en cada una de las mesas que hubiera en cada consulado.

Pero, además, si el objetivo es garantizar que las elecciones son justas, mantienen el secreto del voto y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, habría que tener en cuenta que el voto en urna conllevaría posibles discriminaciones.

Por ejemplo, explicó Hernández, las diferencias entre quienes residan en una gran ciudad donde hay consulado, o en zonas alejadas incluso miles de kilómetros del más cercano.

A ello habría que unir las dificultades para garantizar la presencia en las mesas del personal necesario, entre interventores y apoderados, que deben ser residentes en el lugar y en muchos casos tendrían grandes dificultades para el desplazamiento o para los necesarios permisos laborales.

Por todo ello, ambos subrayaron el gran esfuerzo en reformas y en medios que supondría implantar el voto en urna en similares condiciones a las que permiten ejercerlo en España.

Ninguno de los dos se pronunció sobre posibles modelos alternativos, ya que la subcomisión les solicitó un análisis técnico sobre la proposición de ley del Parlamento de Galicia. Son los parlamentarios, argumentan, los que deben hacer las propuestas en ese sentido.

Durante las comparecencias, se suscitó el debate sobre la depuración del CERA que algunos partidos consideran necesaria como primer paso para garantizar la limpieza del voto exterior, y en ese sentido Elorza aseguró que ese censo es bastante ajustado a la realidad.

No es perfecto, reconoció, porque no es obligatorio para los residentes darse de baja cuando abandonan un departamento consular, pero los consulados realizan "peinados" del censo de forma periódica, contactando con sus integrantes para comprobar la vigencia de los datos.

Aún así, se calcula que el 15% de los residentes españoles en el exterior cambia de residencia cada año, lo cual implica una dificultad evidente a la hora de mantener el CERA actualizado.