La Audiencia Nacional tiene fijadas más de una veintena de sesiones para este juicio que se prolongará, al menos hasta el próximo mes de septiembre. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción indica que los clientes de Nummaria se servían de estructuras societarias opacas diseñadas por este despecho de abogados “con el fin de evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios situados en nuestro país”.

Arias está acusado de seis delitos contra la Hacienda Pública perpetrados entre 2010 y 2015. El Ministerio Público estima que la cantidad defraudada es de 2,7 millones de euros y pide para él 27 años de prisión. Su hermana es otra de las acusadas.

Por su parte, Ana Duato habría defraudado 1,9 millones de euros según Anticorrupción en siete delitos fiscales cometidos en dos períodos entre 2010 y 2012 en primer lugar y entre 2014 y 2017 más tarde. La Fiscalía pide para ella 32 años de cárcel.

Por otro lado, la Abogacía del Estado pide 28 años para ambos y el precio a pagar sumaría los 16 millones de euros. En cuanto a Peña, habría defraudado cerca de 15,7 millones de euros, por lo que la Fiscalía le acusa de 68 delitos. Por todos ellos, le piden 298 años de prisión. Por el momento, habrá que esperar a conocer la sentencia para saber en qué queda todo finalmente.

Entre los acusados se encuentra el marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu. Según el Ministerio Público, ambos evitaron pagar a Hacienda por parte las rentas que obtuvieron por su participación en la serie, ella como actriz y él como productor. Por su parte, Imanol Arias habría maniobrado para convertir la renta de su actividad profesional en una renta vitalicia.

Nummaria, propiedad de Fernando Peña, se había especializado, según la Fiscalía, en montar una trama para evadir impuestos. Para ello, contaba con un extenso grupo de profesionales que ofrecían sus servicios y a los que se pagaba a través de distintas sociedades. Una veintena de esas mercantiles estaban radicadas en España, pero conectadas con cerca de 200 sociedades con sede en territorios con ventajas fiscales como Costa Rica, Inglaterra, Canadá, Uruguay o Luxemburgo.