LAS ILEGALIDADES EN LA DIPUTACION DE PONTEVEDRA SE CONVIRTIERON EN NORMA DESDE 1989, SEGUN EL BNG
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La contratación de obras y suministros de la Diputación Prvincial de Pontevedra se hizo de modo correcto hasta el último trimestre del año 1989, fecha en la que comenzaron las ilegalidades coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas, según el diputado provincial del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), José Cesáreo Mosquera Lorenzo.
Mosquera Lorenzo fue el autor de la denuncia por prevaricación, malversación de fondos y falsificación de documento público contra José Cuiña Crespo, secretario general del PP de Galicia y máximo responable de la diputación pontevedresa en aquellas fechas, que originó la apertura de una investigación judicial.
Para el diputado del BNG, fue en esa fecha cuando "Cuiña rompió la legalidad y a partir de entonces y durante todo el año 1990 no consta quién contrata las obras, ni existe concurso. En resumen, no se cumplen los trámites obligatorios y necesarios, y sólo aparecen luego facturas incontroladas a pagar".
Mosquera hizo estas declaraciones en un comunicado difundido en el pasado mes de julio,cuando la Audiencia de Pontevedra se inhibió en el caso debido a la condición de aforado de Cuiña Crespo y trasladó el expediente al Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Entonces aseguró que "se utilizan fondos de la Diputación de manera abierta y descarada, sin respetar la más mínima legalidad, para la campaña de las elecciones autonómicas y, a partir de ese momento, se continuó con una mecánica ilegal y viciada".
Según el informe de la intervención de la Diputación Provincial de Pontevedra fechado el 30 de diciembre de 1989 e incorporado a la denuncia, se detectaron numerosas irregularidades en la aprobación de facturas del Servicio del Parque de Maquinarias.
En él se habrían adjudicado de manera directa expedientes para la adquisición de material y algunas contrataciones de obras por cantidades que suman unos 180 millones de pesetas, siempre en fracciones de más de 10 millones (en un caso de 40 millones), superando así los topes legales que obligaban a la corporación provincial.
or otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, manifestó hoy en nombre del Gobierno gallego la "total y plena solidaridad", con Cuiña Crespo, consejero de Obras Públicas, y consideró de carácter político la denuncia del BNG contra su "delfín".
(SERVIMEDIA)
10 Sep 1992
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