Fuentes del departamento dirigido por Irene Montero explicaron que éste trabaja desde la entrada en vigor de la supradicha norma para “facilitar su correcta aplicación, compartiendo la preocupación social por las decisiones judiciales de bajada de penas”.

En ese sentido, estas mismas fuentes insistieron que, tal y como acreditan los expertos y el propio Gobierno de coalición, “no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”.

Ante esta situación, Igualdad propuso la puesta en marcha “de manera urgente” de un plan de medidas para conseguir en la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, tal y como se hizo en su momento para la aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

El departamento dirigido por Irene Montero consideró “imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas”.

Ese plan propuesto por Igualdad contiene las diez siguientes medidas: doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas; incluir a las víctimas de violencia sexual en el servicio Atenpro desde este año e incrementar el número de dispositivos; reforzar las unidades de valoración forense integral; auspiciar la formación especializada en violencia contra las mujeres a todos los trabajadores del ámbito de la justicia, interior, educación y sanidad; aplicar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; crear un servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; incrementar el número de agentes que el Ministerio del Interior dedica exclusivamente a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; y poner en marcha puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.