Así lo aseguraron a Servimedia fuentes de Igualdad, que emplazaron a Justicia para dar más detalles. Ayer tacharon de “insuficiente” el texto que se iba a aprobar, porque Justicia no habría aceptado que las víctimas puedan acceder a un permiso de residencia o laboral si no han denunciado su caso.

Según dijeron desde el Ministerio que lidera Irene Montero, el texto "no responde a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia. Tampoco por lo planteado en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual".

Avanzaban que seguirían “trabajando para que el texto cuente con la mayor garantía para que se protejan los derechos de las víctimas de trata y explotación sexual” y que el texto incluya la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres".

También sostenía Igualdad que "es necesario que el proceso de acreditación a víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y totalmente validadas para ello. Finalmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género debe formar parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata".

Por su parte, el Ministerio de Justicia negó que se fuera a recoger la necesidad de esa denuncia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la Ley de Trata se aprobaría hoy en Consejo de Ministros durante un homenaje a la escritora Almudena Grandes.