“En este 2024 en el que se cumplen veinte años de la aprobación por unanimidad de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y mientras se están desarrollando en sede parlamentaria los trabajos para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, queremos reafirmar la defensa de la arquitectura normativa e institucional de la que nos hemos dotado, y del compromiso adquirido para su cumplimiento, símbolo del consenso alcanzado de toda la sociedad para acabar con la violencia contra las mujeres”, recoge la declaración.

“Tanto en su sostenimiento como en su desarrollo, la labor de la FEMP es imprescindible en este Pacto, en el que las Corporaciones Locales, a través de la misma, ofrecen un apoyo fundamental en materia de gobernanza local sobre violencia de género. Mantener este compromiso garantiza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de esta situación de desigualdad extrema para las mujeres”, prosigue el documento.

“Garantizar que los recursos a las víctimas, servicios de asistencia, policía local, y todos los agentes intervinientes en el proceso de acompañamiento y atención a las mujeres víctimas cumplan con la normativa y compromiso adquirido en el marco de la legislación vigente y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un deber intrínseco que responde a este consenso”, añade la declaración firmada hoy.

“Defendemos los consensos que han permitido, y permiten, seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que mujeres y hombres ejerzan su ciudadanía plena. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad colectiva. Solo desde la unidad de todas las instituciones podremos acabar con ella”, establece el documento.

La reunión que hoy mantuvo la ministra Redondo con la FEMP forma parte de una ronda de contactos iniciada a principios de julio con diferentes representantes e instituciones públicas para reforzar la coordinación y explorar nuevas vías de colaboración para combatir la violencia de género.

Cabe recordar, remarcó Igualdad, que "las entidades locales tienen un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género por tratarse de la administración más cercana a la ciudadanía, la primera mano tendida, y la puerta de entrada a los sistemas de protección, de asistencia y de recursos".