"La Ley está cerrada prácticamente en todos sus puntos, aunque falta aún llegar a un acuerdo para establecer a partir de qué momento las mujeres en situación irregular pueden tener permiso de residencia y trabajo", explicaron estas fuentes.

Para el Ministerio de Igualdad, "este punto es fundamental, ya que como siempre hemos defendido, para todas las víctimas en situación administrativa irregular, uno de los elementos fundamentales para poder dejar de serlo es que estén regularizadas y con la posibilidad de conseguir un trabajo" destacaron.

El pasado martes las mismas fuentes explicaron a Servimedia que han propuesto que la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género forme parte del mecanismo de identificación y acreditación de las víctimas de trata, y que éste no sea exclusivamente policial.

"Desde el Ministerio de Igualdad seguimos trabajando para que la Ley Integral contra la Trata cuente en su totalidad con perspectiva de género y ello quiere decir que la Ley refleje en las medidas que propone que la gran mayoría de víctimas de trata en todos sus fines, especialmente de explotación sexual, son mujeres y niñas", explicaron las fuentes aludidas.

Además, consideraron que "es imprescindible que esta Ley recoja que las víctimas de trata tengan todos sus derechos garantizados, incluyendo el permiso de trabajo y residencia, sin obligarlas para ello a que interpongan denuncia o colaboren con la investigación criminal".

"Todos los organismos internacionales y las propias organizaciones coinciden en que el primer paso es garantizar los derechos de las mujeres víctimas y después acompañarlas en el proceso de denuncia y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad", concluyeron las mismas fuentes.