Según García, las administraciones públicas y las entidades financieras ya han recibido copias de este plan, por lo que dijo que, apartir de ahora, deberán ser ellas las que decidan si les satisface y aceptan el proyecto "y nos dan el dinero".

García indicó que, si a finales de abril no han conseguido avales para los 8.500 millones de pesetas que necesitan para construir las viviendas, "yo, desde luego, presento la dimisión. Yo no puedo jugar más tiempo con el sufrimiento de los cooperativistas".

El plan plantea mantener todas las promociones de viviendas en una unidad de gestión hasta que se elabore el convenio de acreedore. García explicó que, según los informes facilitados por tres gabinetes jurídicos, la segregación de las cooperativas es "imposible" actualmente, dada lo implicada que estaba la gestión de PSV en IGS y viceversa.

La duración del plan es de cuatro años, período en el que estarían finalizadas las 16.650 viviendas que PSV proyectaba construir. Este año se finalizarían 2.000 cuyas obras están ya muy avanzadas, de las que alrededor del 80 por ciento están ubicadas en la región de Madrid, y los tres años prximos se terminarían unas 5.000 cada ejercicio.

El plan cifra en 8.500 millones de pesetas las necesidades de financiación para construir las viviendas, que, según García, se garantizarían con los bienes futuros, es decir, las viviendas, garages y centros comerciales que se construyan y que todavía no tienen comprador, que tienen un valor de venta cercano a los 50.000 millones de pesetas.

También contempla el plan una "quita" en el convenio de acreedores superior al 7 por ciento para una partida ue no supera los 3.000 millones de pesetas, aunque García insistió en que este asunto es responsabilidad de los interventores y del juez. El presidente de IGS explicó que los cooperativistas que se han dado de baja definitivamente pasan a ser acreedores.

El plan baraja, además, una derrama adicional en el coste de cada vivienda de entre un 5 y un 7 por ciento del precio final, lo que significa que cada cooperativista deberá pagar entre 600.000 y 700.000 pesetas más de las inicialmente previstas. Garcí aseguró que el 80 por ciento de los socios estarían dispuestos a asumir este coste adicional.

Los nuevos gestores de IGS cuentan también con los cerca de 6.000 millones de pesetas que obtendrían de la venta de activos. García explicó que la venta del edificio de la calle Orense y el solar de la calle Colombia, ambos en Madrid, aportaría unos 2.500 millones de pesetas y los activos de Calviá, en Mallorca, unos 3.500 millones, aunque estos últimos no se venderán hasta 1995.

DESFASE PATRIMONIAL

E presidente de IGS explicó que el agujero patrimonial actual de IGS-PSV es de alrededor de 10.800 millones de pesetas, ya que se han repuesto 9.200 millones de los algo más de 20.000 millones de desfase que existían a finales de diciembre de 1993. Informó que la deuda de IGS con PSV es de algo más de 2.000 millones de pesetas.

García insistió en que, sin el esfuerzo económico realizado por UGT, refiriéndose a la inyección de 9.200 millones que ha hecho el sindicato en IGS (8.000 millones que pasarán aampliación de capital en julio y 1.200 a fondo perdido a IGS Mercado Hipotecario), "las cuentas nunca habrían cuadrado y hubiese sido imposible aplicar este plan de viabilidad".

Prudencio García aseguró que la vocación de IGS es construir las viviendas si consiguen los avales y el dinero que necesitan y desaparecer cuando estén finalizadas y entregadas. "El objetivo es que cumpla su papel y luego desaparezca, y me imagino que PSV también", explicó.

El presidente de IGS insistió en que el plan es iable y pidió el esfuerzo de todos, incluídos los cooperativistas, para salir de esta situación y construir las viviendas. Explicó que el plan "no tiene que aprobarlo el Gobierno. Si consideran que es viable, nos darán los avales que solicitamos".

"No se ha pedido formalmente aval a nadie, se han mandado el plan a todas las administraciones públicas implicadas y al sistema financiero", dijo, al tiempo que señaló que "yo creo que nos llamarán las administraciones central, el Gobierno de Madrid y el ayutamiento, ya que la mayoría de las casas están ubicadas en Madrid, y Caja de Madrid y Argentaria".