El magistrado de la Audiencia Nacional acortó el cierre de la instrucción el pasado 27 de enero, tras recibir un informe policial en el que los agentes le comunicaban que había resultado imposible acceder a los datos de la tarjeta SMS del móvil de Bousselham. El teléfono le fue robado a la entonces asesora de Podemos en 2015 y varios archivos supuestamente procedentes de ese aparato se encontraron en poder del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Varias conversaciones de Iglesias se filtraron a la prensa.

Ahora, la defensa de Iglesias solicita al juez que prorrogue la investigación para concluir con varias diligencias que no se han llegado a realiza e investigar cómo llegaron esos archivos a manos de Villarejo.

El magistrado cerró la investigación sin tomar declaración, por ejemplo, al comisario Eugenio Pino, al que llegó una copia de la tarjeta del móvil robado a través de Villarejo, que en su momento declaró que se la hizo llegar personalmente antes de que varias de sus conversaciones se publicaran en varios medios de comunicación en fecha preelectorales y con evidentes efectos negativos sobre la imagen de Iglesias.

Entiende la defensa de Iglesias ejercida por Raúl Maíllo que es la propia policía científica quien afirma en su informe sobre el material incautado en el domicilio de Villarejo que esas conversaciones publicadas por 'OKdiario' tenían “el claro objetivo de desprestigiar su imagen en momentos electorales clave, de forma directa”.

El escrito considera que la llegada de esa tarjeta a manos de Villarejo y la entrega de la misma al comisario jefe de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía “está huérfana de investigación”, mientras que el magistrado ha dirigido sus pesquisas a dilucidar si fue el propio Iglesias quien dañó la tarjeta, aun cuando no hay indicios consistentes en ese sentido.