Así lo dijo en la rueda de prensa para informar de la 126ª Asamblea Plenaria en la sede del Episcopado en Madrid el secretario general, César García Magán. Según el portavoz, el fondo de indemnización para reparar económicamente a las víctimas que recomienda el Defensor del Pueblo “ya se está haciendo”. “Me consta que diócesis y e institutos de vida consagrada ya han pagado lo que ha determinado el juez”, dijo.

“Hemos creado otra vía”, prosiguió, para víctimas que no pueden acudir a la justicia, en relación a facilitarlas una “reparación integral” con un “tratamiento personalizado a lo que cada víctima reclame”, sea de tipo psicológico, médico e incluso espiritual. “Y, por supuesto, quien quiera esa reparación económica también la tendrá”, subrayó.

El prelado se refirió entonces a que el Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derecho, víctimas de abusos sexuales (Priva) del Episcopado garantiza que en situación “de prescripción civil o muerte del agresor se reclama de forma subsidiaria a diócesis o institutos religiosos a los que pertenecía”. “En caso en que no puedan hacer, en segunda instancia estarían la Conferencia Episcopal y la Confer”, en apoyo a diócesis o congregaciones que no puedan afrontar los pagos. “Hay una doble garantía”, zanjó.

UN PROBLEMA SOCIAL

García Magán remarcó también que el Defensor del Pueblo, que presentó este pasado jueves su informe sobre abusos en la Iglesia en el Congreso, “ha dicho por activa y por pasiva” que los abusos son “un problema social”, no sólo de la Iglesia.

“Todos debemos hacer un compromiso de luchar contra ese problema. La Iglesia ha hecho un camino, a lo mejor hemos llegado tarde, que otros no han aún iniciado. Estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia”, ofreció.

Además de los datos del informe del Defensor, que muestra que más de un tercio de los abusos a menores se producen en la familia y más del 9% en la educación pública, el portavoz se refirió al estudio ‘Abuso Sexual contra Menores en España (prevalencia y evolución)’, coordinado por José David Urchaga Litago, profesor de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), que ha concluido que los abusos a menores son un problema estructural, creciente y actual, por lo que el obispo pidió que “todas las instituciones hagan ese recorrido”.

Asimismo, García Magán se pronunció sobre la apertura de archivos eclesiales que reclamaron algunos grupos durante la presentación del informe del Defensor en el Congreso. El obispo respondió que “la ley canónica ya prevé que se levante la prescripción para estos casos, con lo cual eso ya existe” y que la Iglesia, a través de las diócesis, ha colaborado con información tanto para el Defensor como para otros estudios, como el que la CEE encargó al despacho Cremades & Calvo Sotelo.