En una rueda de prensa, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, presentó el estudio elaborado por el instituto en el que se analiza la conveniencia de la aplicación de tipos impositivos reducidos en el IVA sobre determinados bienes y servicios, así como sus principales ventajas e inconvenientes, evaluando el caso específico de los productos sanitarios.

España es de los países de Europa con una mayor carga impositiva en materia de productos sanitarios, cuyo IVA es más elevado que en la mayoría de los países del entorno europeo, situándose en los tramos más altos junto con países como el Reino Unido, Francia o Alemania. La estructura de los impuestos sobre el consumo supone, en la mayoría de los países avanzados que lo aplican, la existencia de un tipo general junto con otros tipos reducidos y exenciones aplicables a determinados productos y servicios.

En España, la estructura de tipos del IVA no prioriza tanto la recaudación como otras circunstancias de política económica como es la contribución a la equidad del sistema tributario en su conjunto. En este sentido, la aplicación de tipos reducidos y exenciones “mejora el acceso de bienes de primera necesidad a los colectivos más desfavorecidos, con la reducción de la desigualdad en renta o la mayor y mejor provisión de bienes preferentes como son la educación, la sanidad y la cultura entre otros”, según el IEE. De hecho, los tipos reducidos mejoran el impacto sobre la equidad del IVA.

Con motivo de la transposición de la directiva europea, que elimina la limitación del IVA reducido que se aplicaba solo a tratamientos para personas con discapacidad, ampliando así el foco, el IEE lanza su propuesta de generalizar los tipos reducidos en los productos de tecnología sanitaria, ya que en España el tipo general del 21% se aplica a la mayor parte del equipamiento médico y sanitario, mientras que otros países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia o Países Bajos ya están aplicando tipos de entre el 4% y el 9% en dispositivos médicos y sanitarios.

El IEE argumenta que una mayor tributación detrae recursos de inversiones y el sistema público de salud es el principal comprador de equipos y productos sanitarios, por lo que “el mantenimiento de un tipo elevado de IVA en la adquisición de material sanitario afecta especialmente a la sanidad pública, elevando su coste”.

En concreto, estima que el establecimiento de un tipo reducido del 10% para los equipos sanitarios conllevaría una reducción del gasto público de un orden de más de 800 millones y si se estableciera un tipo superreducido del 4% para estos elementos, el ahorro de gasto público podría ser de más de 1.300 millones de euros.

Para garantizar el efectivo derecho universal a la salud, el IEE llama a facilitar el acceso del paciente a la mejor tecnología sanitaria para diagnosticar, tratar y curar enfermedades. Una normalización del tipo del IVA aplicable a esta clase de productos “ayudaría al sistema sanitario público a liberar recursos para acometer medidas estructurales que contribuyan a reducir las listas de espera y permitan reforzar los equipamientos”, según el ‘think tank’ de CEOE.