Así lo señala un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) denominado "El crédito al consumo en España", que analiza el futuro de estos productos y advierte de riesgos para las entidades en el caso de que la directiva comunitaria salga adelante, riesgos que se traducirían en un descenso del 15% en la operatividad de este tipo de créditos.

Al acto de presentación del informe asistieron el presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), Pedro Guijarro, y el director general del IEE, Juan Iranzo.

El informe recuerda que la regulación del crédito al consumo debe mantener un equilibrio entre la defensa de los consumidores y la eficiencia económica, si bien los expertos creen que algunas de las disposiciones del proyecto de directiva incumplen este principio.

Así, la introducción de los préstamos responsables y las medidas destinadas a evitar el sobreendeudamiento familiar "van a imponer unos costes para el conjunto del sistema económico que no guardan proporcionalidad con los escasos beneficios que se pueden derivar de las mismas".

GRAN MERCADO

De hecho, la importancia cuantitativa de este mercado habla por sí misma, ya que las deudas vivas por crédito al consumo en España ascendieron en 2004 a 62.274 millones de euros, según cifras del Banco de España.

Además, su volumen ha crecido de forma constante a lo largo de los últimos años, aunque desde 2000 el ritmo se ha moderado algo, pasando de representar un 5,9% del PIB corriente en 1997 a un 7,7% en 1999, nivel en torno al cual se ha mantenido relativamente estable en los años posteriores.

El estudio afirma que este porcentaje se encuentra en línea con la media comunitaria, por encima de países como Italia o Grecia, pero muy por debajo del alcanzado en Alemania, Reino Unido o Suecia, y lejos del de Estados Unidos.

Con respecto al consumo final de los hogares, el crédito al consumo en 2004 suponía el 13,7%, porcentaje que también se ha mantenido constante, salvo pequeñas fluctuaciones, desde 1999, frente al 10% que representaba a finales de la década de los noventa.

La nueva Directiva tiene por objeto armonizar las legislaciones nacionales en materia de crédito al consumo con el fin de crear un mercado único en el que las entidades financieras puedan desarrollar actividades transfronterizas en igualdad de condiciones en cualquier país de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el texto original de la directiva pone el acento en la necesidad de garantizar un elevado grado de protección a los consumidores, tratando, especialmente, de evitar un endeudamiento excesivo.

DISTORSIONES DE MERCADO

A este respecto, el informe defiende que el problema de la regulación como mecanismo para corregir los fallos de mercado es que, en numerosas ocasiones, "crea distorsiones que suponen costes mayores que los derivados de los propios fallos del mercado que se pretenden subsanar, alejando el resultado económico aún más del óptimo social".

Por ello, considera que las disposiciones de la nueva directiva suponen una "preferencia excesiva" por la protección al consumidor frente a la disponibilidad de crédito y advierte de que las exigencias de la norma, en materia de protección del consumidor, "supondrán un traslado excesivo de riesgos hacia el prestamista que se traducirá en mayores tipos de interés o mayores restricciones al crédito".

Asimismo, generará unamenor oferta y variedad de productos de crédito en el mercado y, por tanto, se traducirá en una "pérdida de bienestar social".

En opinión de estos expertos, un exceso de proteccionismo limita la capacidad de innovación financiera y la eficiencia económica, y dificulta el acceso a estos créditos de grupos de riesgo que encontrarán más restricciones a la hora de serles concedidos.

Además, en la presentación se recordó que estos créditos impulsan el consumo y se destacó que en España "las familias no están sobreendeudadas", ya que los créditos que más se piden son los hipotecarios, que están vinculados a un patrimonio que se va revalorizando.