En una resolución hecha pública hoy, la Sala señala que la exigencia de una fianza para la puesta en libertad de Idígoras viene determinada por la necesidad de que esté localizado y a disposición de la justicia, "lo que voluntariamente con anterioridad no puede garantizarse que haya realizado, pues conociendo el llamamiento judicial, que incluso fue ampliaente difundido por los medios de comunicación, aunque no se haya dado a la fuga no compareció voluntariamente y tuvo que ser detenido".

Además, indica que las propias manifestaciones de los abogados de Idígoras, indicando que éste dijo no estar dispuesto a someterse a lo que califica de una "persecución política en vía penal", avalan la imposición de una fianza para garantizar su comparecencia ante los tribunales cuando sea necesario.

La Sala indica que "la cuantía de la fianza, inicialmente de 30 millones de pesetas, parece excesiva, pues aunque se trate de un delito cometido por una persona que actúa como órgano de una persona jurídica, no es el patrimonio de esa entidad a lo que se debe atender prioritariamente, sino en primer lugar el preso, sin perjuicio de que el colectivo merezca una cierta consideración".

"Teniendo en cuenta esa circunstancia, los 15 millones de pesetas que fueron impuestos a Idígoras sí parecen más adecuados a lo que pueda resultar la situación económica del inculpad, y aunque pasado algún tiempo sigue sin abonarse, ello no parece depender tanto de que su cuantía pueda resultarle excesiva como de su negativa a someterse a la jurisdicción del tribunal, no aceptando abonar fianza alguna de la cuantía que sea", agrega.

Por ello, la Sala acuerda confirmar la fianza de 15 millones de pesetas que impuso el juez Garzón a Idígoras.

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