"La decisión del Tribunal Supremo vacía de contenido la figura de la acusación popular, un derecho reconocido en el artículo 125 de la Constitución", señala Herrera en un comunicado. En su opinión, el Gobierno "se ha arrodillado ante los poderes fácticos".

Asimismo, el diputado de ICV aseguró que "con esta sentencia se pone de manifiesto que el Estado, antes con el PP y ahora con el PSOE, se ha inhibido a la hora de defender los intereses del Estado y ha renunciado a defender el erario público por encima de cualquier otro interés".

El caso de las cesiones de crédito se inició entre los 1987 y 1989 cuando el Banco de Santander, junto con sus filiales Banca Jover, Banco Comercial Español, Banco Zaragozano y Banco de Murcia, comercializó un producto conocido como cesiones de nuda propiedad de créditos, dirigido a captar recursos financieros.

Estos recursos, con un gran opacidad fiscal, según ICV, se convirtieron en un producto ideal para la inversión de capitales de "dinero negro".