La formación de izquierdas entiende que los municipios con amplia red comercial, pero escasa industria, "resultarán muy perjudicados" por la supresión del IAE, y además verán muy disminuida su capacidad normativa.

Para ICV, la supresión del IAE es precipitada porque no puede equipararse la demanda de servicios ubanos que genera la actividad comercial con el impuesto que a partir de la entrada en vigor de la ley se aplicará a los comerciantes, básicamente igual al que tendrán que satisfacer los particulares a través del IBI.

Igualmente, esta formación denuncia la reducción de la autonomía fiscal de las corporaciones locales y el presumible aumento de la presión fiscal a los ciudadanos a través de incrementos en el IBI.