ICV quiere que se expliquen "las medidas diplomáticas y/o económicas" que está desarrollando o que piensa desarrollar en un futuro el Gobierno español para que se investiguen los casos de torturas documentados por organizaciones como Amnistía Internacional y para que se garantice el cumplimiento de las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.

En una nota de prensa, Herrera califica la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial de "enormemente preocupante".

ICV ha tomado esta iniciativa tras conocerse que en las últimas semanas han sido detenidos varios opositores políticos, algunos de los cuales siguen bajo custodia, sin que se hayan formulado cargos en su contra y sin que hayan sido sometidos a juicio.

Según informes de los que se hace eco ICV, algunos detenidos han recibido palizas para obligarles a confesar. También se ha denunciado la muerte bajo custodia policial, la noche del 12 al 13 de marzo de 2008, de Saturnino Ncogo Mbomio, miembro del proscrito Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE). Hasta la fecha no se ha abierto ninguna investigación sobre su fallecimiento ni se ha realizado ninguna autopsia para determinar su causa.

Además, Herrera también pregunta al Gobierno qué opinión le merece la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y si considera que las autoridades guineanas cumplen con la obligación de garantizar que ninguna persona sea sometida a tortura ni a malos tratos en ninguna circunstancia.

El portavoz ecosocialista recuerda al Ejecutivo que el principio 34 del Conjunto de Principios de la ONU para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión establece que, si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad investigará lo ocurrido y las conclusiones de esa investigación se harán públicas.