Ali Aarras y Mohamed el Bay fueron detenidos en Melilla el 1 de abril de 2008, después de que las autoridades marroquíes emitieran, el 28 de marzo, sendas órdenes internacionales de detención por su presunta pertenencia a la organización terrorista encabezada por el belga-marroquí Abdelkader Belliraj. Actualmente están pendientes de ser extraditados a Marruecos.

Amnistía Internacional ha emprendido una campaña de recogida de firmas para paralizar esta extradición, por considerar que en Marruecos pueden ser "juzgados sin las debidas garantías" y ser víctimas de tortura y otros malos tratos.

En su escrito, al que tuvo acceso Servimedia, Joan Herrera recuerda que "las autoridades españoles, de acuerdo con el derecho internacional, no deben extraditar a personas que, aunque pesen graves acusaciones contra ellas, corran el riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos, ser detenidos en régimen de incomunicación o ser juzgados sin las debidas garantías procesales".

Asimismo, afirma que "las garantías que puedan ofrecer gobiernos con un historial grave de violaciones de derechos humanos no son fiables y no exime al Gobierno español de sus obligaciones en relación con la prohibición absoluta de la tortura".

Herrera recuerda que España "ya violó, en al menos dos ocasiones, el principio de no devolución", al extraditar a dos personas a países donde corrían grave peligro de sufrir torturas: Basel Ghalyoun, absuelto por el Tribunal Supremo de los atentados del 11-M, y Murat Gasayev, ciudadano checheno al que las autoridades rusas imputaban delitos de terrorismo.

El primero fue devuelto a Siria el 22 de julio de 2008, mientras que el segundo fue extraditado a Rusia el pasado 31 de diciembre.

"¿Se compromete el Gobierno a respetar escrupulosamente el principio de no devolución contemplado por el derecho internacional y paralizar las extradiciones y expulsiones a países que no reúnan las garantías básicas de respeto a los derechos humanos?", inquiere Herrera.