Así lo aprobó hoy el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda. El objetivo es estimular la canalización de recursos financieros a través del mercado de capitales para financiar la adquisición de viviendas protegidas.

Según explica el Ejecutivo, esta iniciativa complementa la política de fomento de la vivienda protegida llevada a cabo por el Gobierno desde el inicio de la legislatura.

Entre los requisitos para obtener estos avales figuran que el activo de los fondos de titulización debe estar constituido en al menos un 80% por préstamos y créditos cuya finalidad sea la adquisición de vivienda protegida.

Además, el ICO podrá avalar hasta un 80% de las series de bonos que tengan una calificación crediticia mínima AA, Aa o asimiladas con anterioridad al aval.

Las entidades de crédito que hayan cedido los préstamos o créditos al fondo de titulización de activos deberán comprometerse a reinvertir la liquidez obtenida, que tendrá que destinarse en, al menos, un 80% a financiar la adquisición de vivienda protegida. El plazo para efectuar la reinversión será de un año a partir de la constitución del fondo.

Si las sociedades gestoras de fondos de titulización presentan solicitudes de avales superiores a los 3.000 millones de euros disponibles, se distribuirá entre los solicitantes a prorrata.

En ningún caso, un solo fondo podrá recibir un aval que suponga más del 25% de la cantidad total disponible.