Dicha sanción, que fue recurrida por Ernst & Young, consiste en una multa del 2% de los honorarios facturados por actividad auditora de cuentas en el último ejercicio, que asciende a 71.128.000 pesetas.

La sanción fue impuest al entender el instituto dependiente del Ministerio de Economía que Ernst & Young incurrió en negligencia al realizar una auditoría en 1991 a PSV y no advertir del traslado indebido de fondos.

Esta sanción es la más importante en cuantía de las que se han impuesto hasta ahora a las auditoras y, por descontado, es la que puede acarrear consecuencias más graves, en cuanto que puede servir de fundamento a una cadena de reclamaciones judiciales de cooperativistas.

Miembros de las promociones de Madrd Sur y Valdebernardo han presentado ante los juzgados de Madrid varios recursos reclamando compensaciones por los perjuicios económicos que han sufrido por la deficiente actuación de la auditora.

La sanción incluye, además del montante económico, una amonestación pública que queda reflejada en dicho boletín mensual del ICAC. Por su parte, Ernst & Young, en el momento de hacerse pública la sanción, aseguró que la denuncia se fundamentaba en criterios técnicos "subjetivos".

Asimismo, aclaró que diha multa no se impone por negligencia, sino por el posible incumplimiento de las Normas Técnicas de Auditoría en la realización de los trabajos, con la que mostraban su desacuerdo.