Tras este primer trámite obligatorio, y de no existir conciliación ante la Dirección General de Trabajo, solicitará a la Audiencia Nacional la declaración de ilegalidad de la huelga, que se desarrollará del 10 al 16 de julio.

Las razones que aduce Iberia es que la finalidad de la huelga es "cuestionar y evitar una decisión de inversión de la compañía, lo que supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad de empresa".

"La única y verdadera razón que motiva la declaración de la huelga se encuentra en la pretensión de paralizar el proceso de inversión planificada por Iberia, lo que implica, por lo tanto, que se está cuestionando la libertad de empresa de la compañía y su poder de dirección y organización para la prestación de servicios", señala la aerolínea que preside Fernando Conte.

Además, apunta que la finalidad de la movilización es "absolutamente ajena a los intereses profesionales de los trabajadores".

"No se trata de ninguna huelga reivindicativa sino de la escenificación de una protesta por la decisión de mercado adoptada por la empresa y ante perjuicios meramente hipotéticos", agrega Iberia.

"La huelga es abusiva tanto por la duración prevista como por las fechas elegidas", prosigue, y "supondrá un grave perjuicio para la compañía y para sus clientes, violentando el principio de proporcionalidad por la absoluta desproporción entre los sacrificios que se pretenden imponer a los usuarios del servicio y a la comunidad y los de los potenciales huelguistas".

Por otro lado, Iberia confirma que el Sepla ha puesto como condición para desconvocar la huelga que la compañía garantice mediante aval bancario los salarios de todos los pilotos de Iberia hasta los 65 años, con subida salarial del IPC más dos puntos.

Ese pretendido aval sería por importe de 6.000 millones de euros, equivalentes a tres veces el valor de Iberia en Bolsa, añade la aerolínea.