En concreto, el Ejecutivo de Ibarretxe aprobó este martes una orden de los departamentos de Industria y Cultura, por la que se regulan las subvenciones para que las empresas se adapten al "decreto de derechos lingüísticos de las personas consumidoras".

Este decreto, el 123/2008 y que está en vigor desde julio del pasado año, establece "las obligaciones lingüísticas de las empresas, entidades y establecimientos abiertos al público en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias".

En concreto, el decreto busca "precisar" el derecho que tienen los consumidores de "recibir, en euskera y castellano, información sobre bienes y servicios y a ser atendidos cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen".

FACTURAS Y LETREROS

El ámbito de aplicación de esta norma afecta a una serie de empresas, que son las que recibirían ayudas para poder atender en euskera a los compradores o clientes.

Entre estas empresas están las operadoras de comunicaciones, las empresas ferroviarias, las inmobiliarias, las compañías de autobuses, las compañías aéreas y las empresas energéticas, tanto las de electricidad como las de gas.

En concreto, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso Servimedia, a las empresas energéticas se les pide que cumplimenten una documentación sobre el nivel de euskera que utilizan en distintas actividades o departamentos de la compañía.

El Gobierno vasco les pregunta si usan el euskera en "información de carácter fijo y variable contenida en los carteles o rótulos que se expongan al público", así como en contratos o en "comunicaciones, notificaciones, presupuestos, facturas o documentos acreditativos de las operaciones realizadas".