Esta decisión ha sido tomada por la Consejería de Justicia, Empleo y Seguridad Social a través de un decreto, que hoy ha entrado en vigor, que tiene como fin "subvencionar desplazamientos de familiares para visitar a personas penadas o en prisión preventiva".

El Ejecutivo vasco argumenta que en esta resolución ha corregido los reparos que puso la Justicia vasca, que en dos sentencias dictadas en 2005 estimó que la Administración autonómica no tenía competencias en materia penitenciaria, por lo que no podía dar estas subvenciones.

En este sentido, el Gabinete de Ibarretxe sostiene en el decreto que estas sentencias están recurridas, por lo que "en tanto en cuanto no se resuelva dicho recurso, procede realizar una nueva regulación de este programa de ayudas para ajustarse estrictamente a los parámetros establecidos" por la Justicia vasca.

"ASISTENCIA SOCIAL"

Con este fin, la Consejería de Justicia apunta que lo que ha hecho es "encuadrar el presente programa de ayudas en el título competencial de la asistencia social, al amparo de que el Estatuto de Autonomía del País Vasco establece en su artículo 10.12 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en esta materia".

La finalidad de este programa de ayudas sería "paliar económicamente la situación de necesidad en que se pueden encontrar las familias vascas" que no tienen dinero para desplazarse a las cárceles.

Con este fin, el Gobierno vasco ha establecido seis módulos, que agrupan las cárceles de destino según su proximidad al País Vasco. A este respecto, el baremo va de los 20 euros por visita a cárceles vascas a los 600 euros que recibirán los que se desplacen a prisiones de otros países.