La decisión, según ha sabido Servimedia, ha sido tomada por la Consejería vasca de Justicia, al frente de la cual está Joseba Azkárraga, que ha sacado a concurso la elaboración de esta investigación, que deberá estar disponible enel plazo de siete meses.

Las fuentes consultadas informaron de que, aunque en la convocatoria se alude únicamente a que se busca "un estudio sobre sistemas de ejecución penal", en los pliegos técnicos del concurso se explica en detalle que se busca un "modelo político-administrativo" propio de política penitenciaria.

Se da la circunstancia de que las competencias sobre las cárceles dependen en estos momentos de la Administración central, en concreto del Ministerio del Interior, que decide en la atualidad sobre cuestiones como la situación de los presos de ETA.

"FUTURA TRANSFERENCIA"

No obstante, el concurso abierto por el Gobierno de Ibarretxe refiere que la consejería de Justicia tiene también como función "estudiar y diseñar la política de servicios penitenciarios y de rehabilitación" para el País Vasco, "en previsión de la futura transferencia en esta materia".

Tras señalar que el Estatuto vasco recoge como competencia propia de esta autonomía la "ejecución de la legislación peniteniaria", el pliego técnico al que ha tenido acceso esta agencia establece que el adjudicatario del estudio deberá, en primer lugar, evaluar la "situación actual" de las instituciones penitenciarias vascas.

Esta evaluación debe contemplar una investigación sobre "infraestructuras, medios personales, equipamientos, servicios, población recluida y sus condiciones sociofamiliares, etc".

Tras este paso previo, el Gobierno vasco quiere el "diseño de un modelo político-administrativo", que debe incluir uos "principios rectores de un sistema de ejecución penal y penitenciaria"; un "esbozo de la normativa a desarrollar para la ejecución de la competencia a asumir"; un "organigrama adminitrativo"; así como unos "posibles presupuestos" desglosados.

El tercer gran apartado hace referencia a que el estudio debe plantear cuál podría ser el modelo de "ejecución penal" del sistema vasco, para lo cual deben analizarse aspectos como "limitaciones político-legislativas actuales y futuras", "programas actuales a antener, remodelar o suspender" o nuevas actuaciones a llevar a cabo.

Por último, la Consejería de Justicia también quiere un "análisis de la repercusión social del sistema", que incluye cuál sería "la disposición de las víctimas de delitos y de la ciudadanía en general a aceptar un plan de ejecución penal fundamentado en los principios rectores de mínima intervención, reinserción, no vindicativo, restaurativo y comunicativo, etc".