La ocupación de las dependencis judiciales por parte de la mencionada entidad financiera fue denunciada esta mañana durante una vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Málaga, en la que se juzgaba a un funcionario de la Administración de Justicia, Juan Antonio Izquierdo, por presunta falsificación de un acta judicial.

La ex titular del Juzgado de Instrucción número uno de Ronda, Olatz Aizpurúa, que acudió a la vista oral celebrada esta mañana en calidad de testigo, manifestó que la Caja de Ahorros de Ronda contaba, en u despacho contiguo al suyo, con personal que tramitaba todos los documentos de su incumbencia, al margen de los agentes judiciales.

Olatz Aizpurúa declaró ante el tribunal que descubrió la anomalía, poco después de tomar posesión de la plaza, porque "los trámites de la Caja de Ronda se redactaban en un ordenador y en todo el juzgado sólo había máquinas de escribir".

Asimismo, la magistrada comentó que "mientras los trámites del juzgado llevaban varios años de retraso, los de la Caja de Ronda estaan al día".

La que fuera titular del Juzgado de Instrucción de Ronda, tras poner en conocimiento de sus superiores los hechos, suspendió la actividad administrativa de la caja de ahorros en dependencias judiciales.

Por otro lado, el acusado de falsificar un acta judicial, para quien el Ministerio Fiscal solicitó siete años de cárcel, acudió a la vista oral acompañado de una nutrida representación del sindicato Comisiones Obreras, del que forma parte.

Entre la representación sindical se enconraba el diputado de IU por Málaga Antonio Romero, quien al término de la juicio manifestó su sorpresa por la actitud del Ministerio Fiscal, por no haber iniciado los trámites oportunos para denunciar la ocupación de las dependencias oficiales por parte de la Caja de Ronda.

"Es insólito", manifestó el diputado, "que ante el testimonio de la jueza y de los testigos, el hombre que debe defender los derechos generales haya silenciado este hecho y no se haya pronunciado sobre la necesidad de instruir unas iligencias".

Antonio Romero solicitará por escrito al fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que intervenga en las actuaciones y se dirija al fiscal que entiende del caso para que le inste a abrir una investigación por la presencia de la Caja de Ahorros de Ronda en oficinas públicas y judiciales.

Si no prosperara la acción del diputado de Izquierda Unida, Romero llevará el caso a la Comisión de Interior y Justicia de la Cámara Alta.

Según declaró al término del juicio el acusado, Juan ntonio Izquierdo, el volumen de negocio que la Caja de Ronda podría alcanzar en las dependencias judiciales rondeñas era de "varios miles de millones de pesetas".

La Caja de Ahorros de Ronda podría haber dispuesto durante varios años de al menos cuatro empleados en el juzgado de la ciudad malagueña, todos ellos abogados.