Según informaron a Servimedia fuentes solventes, la idea del INI, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, es mantener el clima de entendimiento que ha logrado con las centrales, por lo que cualquier otra medida tendrí que contar con la voluntarierad de los trabajadores.

El problema con el que se enfrenta el INI, propietario de la empresa minera asturiana, es que las exigencias de Bruselas para reducir capacidad productiva y aminorar las pérdidas hasta 1997, obligan a reducir los efectivos laborales en mayor medida de lo que se ha propuesto, por lo que la solución sería "dejar la puerta abierta a quienes soliciten la baja para pactar las condiciones directamente con el trabajador".

En cualquier caso, esta media sería adicional a las ya planteadas en la mesa de negociación, que contemplan un ajuste de 1.900 bajas mediante prejubilaciones, 79.000 toneladas de reducción de capacidad, lo que conlleva el cierre de dos pozos, y llegar a 1997 con unas pérdidas de 29.000 millones de pesetas, aspecto este último que la compañía y el propio "holding" estatal siguen considerando irrenunciable.

El éxito de una medida así, añadieron, "permitiría ir concentrando la actividad de pozos para cerrar alguno más de los que seproponen en un principio, sin traumas laborales".

La idea del INI y de Industria es que las medidas propuestas hasta ahora no permitirán liberar suficientes recursos públicos para destinarlos a la reindustrialización de las cuencas mineras, sobre todo en un contexto presupuestario como el que prepara el Ministerio de Economía, y en el que la tónica dominante seguirá siendo el recorte de transferencias a las empresas públicas y el rigor en el gasto.

Además, los responsables de la política minera tenen muy presente algunos datos que no acaban de digerir, como que la minería deficitaria (Hunosa, Figaredo y La Camocha), le cuesten a los españoles 190.000 millones de pesetas al año, debido a los 100.000 millones que reciben en conjunto a través del precio de referencia, otros 60.000 por subvenciones directas del Estado, y unos 20.000 mediante transferencias del INI.

Estas cifras, según Industria, se traducen en un coste para el conjunto de los españoles de 6,3 millones de pesetas por cada trabajadr ocupado en la minería, o lo que es lo mismo, unas 10.000 pesetas por cada tonelada que se produce en estas condiciones de subvención.