En la reunión, la dirección de Hunosa expondrá a los sindicatos la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la reducción de empleo en la compañía, como única alternativaposible para garantizar la actividad minera de las cuencas más allá del año 2.002, fecha tope fijada por Bruselas para que los Estados de la Unión Europea subvencionen a la minería deficitaria.

Tanto el Ministerio de Industria como el INI coinciden en que no es posible apurar los plazos fijados por la Comunidad, ya que hay compañías cuya situación no es tan crítica como Hunosa, en las que ya se han empezado a tomar medidas de ajuste para asegurar su viabilidad y competitividad, por lo que se corre el iesgo de "llegar tarde" después de haber realizado el esfuerzo.

Para evitar esa situación, el INI y Hunosa han elaborado un plan que desean discutir con los sindicatos, en el que se recoge una reducción de plantilla de unas 6.000 personas en los próximos cuatro años, hasta 1997, concentrando la producción de cinco pozos actualmente abiertos que deberán cerrarse.

De esta manera, Hunosa lograría en el periodo establecido bajar su producción en unas 400.000 toneladas al año, y obtener unos costes deexplotación equivalentes a un tercio de lo que cuesta en la actualidad sacar una tonelada de carbón de la empresa.

Según los cálculos de Industria, cada trabajador de la minería en déficit (Hunosa, Figaredo y La Camocha) cuesta a los españoles 6,3 millones de pesetas al año, ya que a los 100.000 millones de pesetas que obtienen estas compañias por vender su carbón a precio político (entre 1,5 y 6 veces la media de mercado), se suman otros 60.000 millones por subvenciones directas del Estado y unos 20.00 por transferencias del INI.

Los responsables de Industria señalan que esta situación obliga a concentrar todos los esfuerzos financieros del Estado, "que son limitados", a una actividad deficitaria, mientras que falta dinero para incentivar la reindustrialización de las cuencas mineras.

Tanto en el Gobierno como en el INI, se coincide en que desde el punto de vista del interés general, o desde el empresarial, la situación de estas empresas "es insostenible" y exige tomar medidas en los próximo años, aunque a un ritmo más lento del que sería necesario, "por razones de carácter social y regional".