El dirigente de CCOO explicó a un grupo de periodistas que, con la reforma, un trabajador despedido tras 11 meses en su puesto de trabajo que recurra a los tribunales y éstos fallen dos meses después que dicho despido es improcedente, perdería los citados 7.830 euros.

Antes de la entrada en vigor de la reforma, el trabajador habría recibido dos meses de salrios de tramitación, por lo que habría acumulado 13 meses de cotización y, por tanto, habría generado derecho a cobrar prestaciones por desempleo (se requiere un mínimo de un año cotizado).

La diferencia, según Puig-Samper, para un trabajador con el salario medio existente en España (1.460 euros al mes por 12 pagas) sería de 7.830 euros, parte de ellos en concepto de los dos meses de salarios de tramitación y la parte restante por los cuatro meses de desempleo a los que tendría derecho.

"SINDICATITO"

En esta línea, el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, tras presentar un cartel entregado al sindicato por el pintor vasco Agustín Ibarrola, indicó que el decreto del Gobierno "recorta derechos, abarata el despido y extiende la temporalidad".

Fidalgo se mostró convencido de que el seguimiento de la huelga va a ser "masivo", ya que la convocan dos sindicatos, CCOO y UGT, que aglutinan el 85% de la representación en las empresas.

Sobre el rechazo de otros sindicatos, como CSI-CSIF a sumarse a la huelga, Fidalgo apuntó que "cada sindicato, o sindicatito, tiene sus razones ocultas para no sumarse a esto".

El secretario general de CCOO recordó al Gobierno que la huelga es un derecho constitucional, "no una tropelía, y la mayoría la va a secundar". Por ello, pidió al Ejecutivo que "deje de hablar de la huelga como un apocalipsis".