Saracíbar señaló que "por eso decimos que es una huelga provocada por los empresarios y por el Gobierno, es una huelga que nunca ha deseado el movimiento sindical", pero que se ha vuelto "obligada para defender el empleo y la solidaidad".

El dirigente ugetista calificó de "aberración" intentar enfrentar al Parlamento y a las organizaciones sindicales en relación con la reforma del mercado de trabajo. "Los partidos políticos y el Parlamento tienen legitimidad política, en un sistema democrático, pero los sindicatos tenemos legitimidad social y estamos ante un problema social", recalcó.

"Yo estoy absolutamente convencido", agregó, "que el planteamiento del Gobierno que aprueba el Parlamento no tiene nada que ver con lo que lo ciudadanos piensan de esas medidas que el Gobierno pretende llevar a la práctica (...). La reforma del mercado de trabajo no la votó ningún ciudadano en las elecciones del 6 de junio".

Saracíbar calificó de "impertinencia" la advertencia del ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, de que la futura ley de huelga será más dura si los piquetes no se comportan bien en el paro del 27 de enero.

Adujo que "los sindicatos nunca han practicado la violencia", aunque "pretendemos, eo sí, ser eficaces cuando convocamos una huelga general" y agregó que ha quedado demostrado que la actual regulación de los servicios mínimos no es buena.

Aseguró que los sindicatos han mostrado su dispuesto a negociar la moderación salarial, pero recordó que el propio Gobierno reconoce en los Presupuestos del Estado de 1994 que se van a destruir cerca de 100.000 empleos.

A su juicio, el Ejecutivo se dio cuenta de que no podía negociar con los sindicatos "una reforma del mercado de trabajo que sepuede considerar brutal" y para ocultarlo, se ha dedicado a hacer declaraciones para "confundir a los ciudadanos españoles".

Saracíbar señaló que las centrales están dispuestas también a colaborar en la reducción del déficit público, pero sin que ello comporte la disminución de los salarios o los gastos sociales, para lo cual abogó por una política económica que potencie el crecimiento no especulativo y la lucha contra el fraude fiscal.

El dirigente sindical se mostró covencido de que con la refoma laboral que ha puesto en marcha el Gobierno no se va a crear empleo y el despido va a ser "prácticamente libre" y "mucho más barato".