Según las centrales sindicales, estos servicios mínimos supondrían un total de 60.000 trabajadores en todo el Estado que no podrían ejercer su derecho a huelga.

La propuesta de los sindicatos establecía que los servicios mínimos fueran desempeñados por un solo trabajador que, además, sería elegido entre los que no secundaran la huelga, y en el caso de que todos los trabaadores secundasen la huelga no habría servicios mínimos.

Los sindicatos denuncian la falta de diálogo del Ministerio, que podría haber llegado a un acuerdo similar al logrado en la Comunidad Valenciana (que establece servicios mínimos para el director del centro, sustituíble por algún miembro de la junta directiva), y por ello proponen la suspensión total de la actividad lectiva.