El proyecto de la promotora Formentera Club SA, un "camping" para 1.000 personas dotado de las más modernas instalaciones, fue presentado cuando la Ley de Costas no impedía ocupar la zona en la que se pretend instalar.

Tras cinco años de litigio, el Tribunal Supremo dio la razón a la promotora, por lo que el Ayuntamiento de Formentera se vio obligado a conceder el permiso de construcción del "camping", lo que permitió comenzar las obras hace unos días.

La coordinadora que ha convocado la huelga agrupa a la patronal de la pequeña y mediana empresa, la Camara de Comercio, la patronal hotelera, la cofradía de pescadores, asociaciones culturales, grupos ecologistas y partidos políticos de la isla y está poyada por el Consell Insular de Ibiza y Formentera y por el Ayuntamiento de la isla.

Estas organizaciones e instituciones entienden que el "camping" pondría en peligro el futuro desarrollo económico de la isla que mantiene hasta ahora un moderado grado de recepción de turistas y por lo tanto aún no hay masificación.

La huelga, de 24 horas, mantendrá cerrados todos los comercios, bancos y cajas de ahorros, establecimientos turísticos y todo tipo de actividad económica en general. Las administracines públicas funcionarán con servicios mínimos.

Por la tarde habrá una manifestación por las calles de la capital administrativa, San Francisco Javier, que pretende congregar a 3.000 de los 5.000 habitantes censados en la isla.

El presidente del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Antoni Mari Calbet, aseguró que "apoyo totalmente a los ciudadanos y a esta huelga, aunque no participaré en la manifestación", mientras que el alcalde Antoni Serra señaló que "cualquier manifestación que reúna a mens de 1.000 personas será un fracaso, por eso todo el mundo tiene que acudir".

La promotora negocia con las autoridades una indemnización a cambio de paralizar las obras y olvidarse del proyecto. Sin embargo ninguna de las partes ha llegado a un acuerdo, porque el precio que pidió la promotora es de 400 millones de pesetas, que ya ha bajado a 250 millones. Calbet asegura que "aquellos terrenos no cuestan más de 50 millones, lo que sí podríamos pagar las administraciones conjuntamente".