Según confirmó a Servimedia el consejero de Empleo de Baleares, Eberhard Grosske, el Ejecutivo autonómico ha encargado "un par de estudios" sobre la constitucionalidad del mecanismo elegido por el Gobierno central para aprobar la reforma.

Estos estudios estarán listos mañana lunes, por lo que, probablemente, en el Consejo de Gobierno de esta semana, o, a más tardar, de la siguiente, se decidirá instar al Parlamento a recurrir l decreto.

Grosske señaló que el Tribunal Constitucional ha definido en diversas ocasiones que los decretos sólo están legitimados en situación de "urgencia y necesidad", unas motivaciones que en este caso "no vemos".

Según el consejero balear, el Gobierno central "ha vulnerado el principio fundamental" de que la iniciativa legislativa corresponde al Parlamento, no al Poder Ejecutivo.

FIJOS DISCONTINUOS

Sobre la desprotección que con la nueva normativa tienen los trabajadores fijos discontnuos de llamada cierta, es decir, aquellos que saben cuándo inician y terminan su actividad, Grosske lamentó que el Gobierno "tenga una actitud titubeante".

El que mediante un comunicado de prensa el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aclare que no se le quitará la protección a los actuales trabajadores fijos discontinuos "no es suficiente. Ese debe constar en la ley".

Sin embargo, advirtió del "retroceso" que supone acabar con este tipo de contrato. El Gobierno quiere que los actuales trabjadores fijos discontinuos pasen a ser "trabajadores fijos a tiempo parcial".

Según Grosske, es una forma de "falsear" la realidad, ya que estos trabajadores computarían durante todo el año como dados de alta a la Seguridad Social, "aunque no cotizarían", y como trabajadores fijos.