"No debe atribuirse a ninguna de las partes esa decisión, que corresponde a los jueces", añadió. Sin querer entrar en nombres, Aparicio dijo haber leído "declaraciones de varias personas que se atribuían a sí mismos la capacidad de decidir sobre si unos servicios mínimos son adecuados o inadecuados".

"Cuando nuestro ordenamiento jurídico dice que deben ser los jueces quienes hagan esa determinación, creo que (esas personas) se están situando fuera de lo que es el normal funcioamiento democrático y constitucional", dijo el ministro.

El titular de Trabajo manifestó su preocupación por que "se ha hablado de no aceptar directamente los servicios mínimos que es necesario establecer para el normal funcionamiento de la sociedad y para que también sean ejercitables otros derechos tan constitucionales y tan legítimos como el de la propia huelga".

Sin embargo, mostró su confianza en llegar a un acuerdo para que se garanticen todos los servicios y apeló a la responsabilidad de ls piquetes para que "la información sea simplemente información y no sea coacción", aunque no quiso hacer ninguna "presunción negativa" sobre el futuro comportamiento el día de la huelga.

En referencia a las declaraciones del líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, calificando el decreto del Gobierno sobre el desempleo como el golpe más duro desde la transición democrática al estado del bienestar, Aparició las consideró "un comentario especialmente inadecuado".

"La búsqueda de titulaes no debe ser incompatible con la verdad", dijo. "Si se desea saber cuándo ha habido reducciones enérgicas, especialmente en materia de desempleo, nada como preguntar a quien las ha votado favorablemente, que en este caso es quien hace estas declaraciones".

El ministro también se refirió a los datos sobre afiliación a la Seguridad Social, que consideró "muy positivos" y dijo que "reflejan que España sigue creando empleo, incluso en un contexto económico menos favorable".

En cualquier caso, resaló que no es deseable que las expectativas que levantan estos datos "se trunquen por una situación de conflicto o por una menor disposición al diálogo por parte de los agentes sociales".