"Funcionaría exactamente igual que para los pensionistas", dijo Sevilla a Servimedia, antes de insistir en que este hecho les permitiría "no perder poder adquisitivo, aunque tampoco ganarían".

Ademas, con la claúsula de revisión los funcionarios estarían "congelando" su capacidad adquisitiva y ligándola a las marcha de la inflación, según puntualizó el diputado soialista.

Según los datos facilitados por CCOO y UGT a esta agencia, compensar a los 2,2 millones de funcionarios como se hará con los pensionistas, por la desviación de un 2,1% en los precios respecto a la subida de sus salarios, supondría un coste para las arcas públicas de 95.000 millones de pesetas.