Mikel Vilalta, miembro de COAG en Valencia, afirmó que si se cumple la amenaza de huelga se produciría un desastre de costes incalculables. "Por una parte, la pérdida de mercancías perecederas, que conllevaría una petición inmediata de indemnizaciones, y por otra, afectaría gravemente a la campaña citrícola, con pérdida de cuota de mercado ocupado por otras producciones y con un efecto negativo para los precios".

Por su parte, el representante de la organización en Andlucía Eduardo López Vargas aseguró que las estimaciones de pérdidas para esta comunidad autónoma son de 2.000 millones diarios, y denunció la pasividad del Gobierno español, "ya que se trata de un conflicto de interés estatal que llevamos arrastrando mucho tiempo".

Finalmente, Juan Antonio Camacho, miembro de la coordinadora en Huelva, insistió en la necesidad de que se pongan en marcha mecanismos ágiles de aplicación inmediata para solucionar este problema y recordó que "existe un vacío legal y no exsten estos mecanismos que garanticen la libre circulación de mercancías en Europa".