La normativa portuguesa, emitida el pasado mayo, establece hasta siete criterios relacionados con el 5G para determinar si un proveedor supone un riesgo para la seguridad nacional. Las empresas solamente tienen que cumplir uno de esos criterios para entrar en el listado de compañías de “alto riesgo”.

Uno de los puntos permite expulsar de la infraestructura 5G a los proveedores que tengan su sede o tengan vínculos con países que no estén dentro de la Unión Europea, OTAN o OCDE. En este sentido, aunque no se menciona directamente a ninguna compañía, empresas con sede en China como Huawei o ZTE quedaría excluidas.

Según señala el medio portugués ‘ECO’, con este recurso presentado en el Tribunal de Lisboa, Huawei Portugal “pretende salvaguardar la protección de sus legítimos intereses y derechos legales, esperando remediar las múltiples violaciones de sus derechos provocadas por la resolución, así como su significativo impacto negativo sobre la empresa y sus socios”.

En concreto, la medida de la Comisión de Evaluación de la Seguridad menciona la “exclusión, aplicación de restricciones de uso de equipos o servicios” en infraestructuras como la red de comunicaciones centrales, la red de transmisión y transporte o la red de acceso radioeléctrico.

Huawei lleva presente en Portugal casi dos décadas “comprometida a trabajar con sus socios en beneficio del ecosistema de telecomunicaciones y confía en que el tribunal analizará la deliberación y restablecerá la legalidad, teniendo en cuenta las múltiples preocupaciones legales planteadas en nuestra acción”, señalan fuentes de la compañía a ‘ECO’.