En cuanto a los trabajadores restantes para completar el expediente, unos 50 ó 60, se les comunicará su salida antes de finalizar el año.

Las fuentes consultadas indicaron que el que se esté preparando el despido de estos trabajadores refuerza la tesis de que la drección de la empresa constructora mantiene contactos avanzados para que entre un socio en el capital, como le exige el Gobierno para facilitarle la concesión de un crédito del ICO que le permita salir de la situación en que se encuentra.

Fuentes oficiales confirmaron a esta agencia los contactos con varios posibles socios, aunque estos podrían no fructificar hasta septiembre dado el parón en las negociaciones provocado por las vacaciones estivales.

En este sentido, valoraron como positivo el dicamen de los interventores judiciales que refleja un superávit patrimonial de 2.053 millones de pesetas, si bien es inferior al estimado por Huarte en un principio pues no recoge el fondo de comercio y el crédito fiscal aplicado por la empresa para años posteriores.

En cuanto a la regulación en sí, la empresa tiene la intención de llevarla a cabo en función de las necesidades productivas. De los 140 seleccionados a mediados del pasado mes de junio, 104 correspondieron a las oficinas centrales, que cambaron su ubicación desde el centro de Madrid a La Florida, en la carretera de La Coruña.

El expediente de regulación de empleo ha sido fruto de un acuerdo entre la empresa y el comité y supone unas indemnizaciones de 30 días por año trabajado con un tope máximo de 24 mensualidades, y un extra de unas 20.000 pesetas por año trabajado para aquellos que cobren menos de 6 millones anuales, para lo que se ha dotado un fondo de unos 60 millones.