Los encausados, entre los que destaca el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, están acusados de generar dentro de la agencia de valores un agujero patrimonial cifrado en más de 50 millones de euros y que afectó a cerca de 4.000 inversores.

Junto con Camacho están acusados María Pilar Giménez-Reyna, José María Ruiz de la Serna, Aníbal Sardón, Inmaculada Baltar, Francisco Javier Sierra, Miguel Ángel Vicente González, Agustín Fernández Armeneiro, Laura García Morey, Ángeles Leis, Julio Rodríguez Gil, Carlos Pascual, José Alfonso Castro y Miguel Carlos Prats.

Para Camacho, el fiscal encargado del caso, Vicente González Mota, pide 11 años de prisión, al considerarle autor de delitos continuados de apropiación indebida y falsedad documental. La misma condena se solicita para Sardón, considerado el captador de fondos de la sociedad.

En sus conclusiones definitivas, González Mota mantuvo las peticiones de pena para todos los encausados, menos para la actual mujer de Camacho, Laura García Morey, y para la comercial de Gescartera Angeles Leis, para quienes retiró todas las acusaciones.

Además de pedir responsabilidades civiles directas a Gescartera y a todo el entramado de sociedades dependientes, en el juicio también se han abordado las posibles responsabilidades subsidiarias de "la Caixa" y Caja Madrid.

NUEVE AÑOS DE ACTIVIDAD FRAUDULENTA

El 14 de junio de 2001, el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió intervenir Gescartera por la "imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes".

El fiscal González Mota considera que, durante los nueve años de actividad de Gescartera, sus responsables desarrollaron una actividad "claramente dirigida a lucrarse defraudando a sus clientes".

Este desvío de fondos se realizaba mediante "la constitución de diversas sociedades y la puesta en práctica de un sistema operativo fraudulento que les iba a permitir hacer suyo el dinero o los valores entregados por los clientes".

En mayo de 1992 se constituyó Gescartera Dinero SGC, una sociedad gestora de cartera de la cual Camacho era, además de consejero delegado, el principal accionista, con el 76,7 por ciento de las acciones. A través de esta sociedad, los hoy acusados crearon una red comercial con la que captaban dinero de clientes prometiéndoles altas rentabilidades.

El modus operandi consistía en destinar parte del dinero recaudado a mantener la infraestructura necesaria para poder seguir operando y generar la suficiente documentación bancaria, a través de operaciones de mercado amañadas o movimientos inexistentes con testaferros de la sociedad, para engañar a los órganos de control y a los clientes, según la versión del fiscal.

En el año 2001, Gescartera se convirtió en agencia de valores, tras purgar de la junta directiva a aquellas personas que estaban marcadas por la CNMV.

Ahora, los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por la magistrada Carmen Paloma González, deberán deliberar y dictar sentencia, una resolución que está previsto se haga pública en la primera quincena de marzo.