La habilitación de los nuevos juzgados coincide con la entrada en vigor de la Ley Urgente e Reforma Procesal, en la que se incluye la posibilidad de celebrar los denominados "juicios rápidos" en un plazo medio de 15 días tras la detención del procesado, para los casos de delito flagrante.

La reforma ha suscitado el rechazo de jueces y secretarios judiciales, cuyas asociaciones profesionales han criticado el "aspecto coyuntural" del procedimiento y vaticinan el fracaso de su puesta en práctica, ante la falta de juzgados suficientes para llevarlo a cabo, ya que sólo Sevilla y Barcelona cuentn con nuevos juzgados de guardia, a pesar de que la norma tiene carácter nacional.

Según fuentes del CGPJ, una comisión de este organismo realizará labores de seguimiento en los nuevos juzgados para comprobar las posibles deficiencias del nuevo sistema de "juicios rápido", que estará integrada por los vocales Antonio Bruguera y Juan Antonio Xiol, en Barcelona, y Antonio Marín e Ignacio Sierra, en Sevilla.

El proyecto, que fue aprobado a principios de abril por el Congreso, ha suscitado las crítics de todos los sectores judiciales, que aseguran que con las actuales dotaciones el nuevo sistema no funcionará.

Las asociaciones subrayan que, a pesar de que la medida tiene un carácter nacional, el ministerio sólo ha habilitado nuevos juzgados en Barcelona y Sevilla (donde funciona un nuevo juzgado de guardia desde el comienzo de la Expo) y sólo durante el período de celebración de los acontecimientos del 92.

La Junta de Jueces de Plaza de Castilla en Madrid, donde sólo existen dos juzgados de nstrucción de guardia, solicitó al ministerio una inversión de medios materiales, que no ha sido concedida, lo que hace prever que, lejos de descongestionar los juzgados, se producirá un retraso en las causas que no sean tramitadas por el nuevo porcedimiento.

Según un portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la reforma "es una medida coyuntural del Gobierno para salir al paso y atajar la delincuencia menor", mientras que la Asociación Francisco de Vitoria la calificó de "prcheo inoportuno".

Ambas asociaciones hicieron constar la necesidad de una reforma global del sistema procesal actual, que data de 1880, y subrayaron que la aplicación de los juicios rápidos se hará "bajo el precio de reducir las garantías constitucionales del procesado", ya que la defensa sólo contará con un período de 5 días para la obtención y propuesta de pruebas.

Este aspecto también fue contemplado por el propio CGPJ, cuyo informe al anteproyecto incluyó un apartado en el que recomendaba alMinisterio de Justicia que la nueva ley exigiera que el juez verificara la seriedad de las imputaciones contra el detenido para mayor garantía del reo.