La medida, que exigirá una inversión de 900 millones de pesetas para adaptar los puertos de Tarragona y la Bahía de Palma para recibi, cargar y descargar el agua en los barcos, no supondrá, sin embargo, una solución inmediata al desabastecimiento que sufren los municipios mallorquines afectados, ya que exige a su vez unas obras que llevarán al menos unos tres meses.

Asimismo, el real decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, fija las condiciones del trasvase, que no podrá exceder de 10 hectómetros, con un límite máximo de 35.000 metros cúbicos diarios, y señala que los gastos ocasionados por el transporte del agua po vía marítima podrán cargarse sobre el recibo de las entidades beneficiarias del suministro, mientras que las obras de acondicionamiento se harán con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA).

El Consorcio de Aguas de Tarragona será la entidad encargada de la gestión del trasvase, toda vez que es el órgano al que autoriza el Gobierno a ampliar la utilización de los caudales recuperados del Delta del Ebro que aún no habían sido concedidos al citado conorcio para realizar el suministro a las poblaciones mallorquinas afectadas por la sequía.

Sin embargo, el control de los suministros correspondará a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Además, el Gobierno ha otorgado a las obras que exigirá la medida la calificación de utilidad pública, con el fin de agilizar su ejecución, tanto en lo que se refiere a las expropiaciones como a su propio ritmo de ejecución.