La nueva ley opta por la "prevención" del conflicto mediante el control del nombramiento de los altos cargos y el establecimiento de un régimen de incompatibilidades, junto a un sistema de declaraciones de actividades, bienes y derechos patrimoniales que serán registradas y publicitadas.

Se amplía el concepto de alto cargo, estableciendo una cláusula por la que junto al presidente de la Comunidad Autónoma, consejeros, directores generales y otros cargos del sector público autonómico, establece su aplicación a aquellas personas que sean designadas por decreto o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para ocupar determinados cargos públicos.

Una vez concluida su responsabilidad pública, ninguna de las personas que están sometidas a esta ley podrá desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes en cuya resolución haya intervenido directamente en el ejercicio de sus funciones como alto cargo.

Tampoco podrán suscribir en los dos años siguientes, personalmente o por medio de empresas o sociedades en las que participen, ningún tipo de contrato de asistencia técnica de servicios o similares, con la Administración, los organismos, las entidades o empresas del sector público, en las que han prestado servicios como altos cargos.